• Los gigantes de Internet y las ‘fintech’ competirán con las entidades.

elEconomista.es. 24/11/2018.
El Gobierno dio este viernes un paso al frente para avanzar en la transposición de varias directivas y evitar multas millonarias de Bruselas ante el retraso en su aplicación en nuestro país. La más destacada de todas las normativas que el Ejecutivo autorizó fue la relativa a los servicios de pagos.

A través de un Real Decreto-Ley, los bancos deberán abrir algunos datos de sus clientes a terceros con el fin de fomentar la competencia en el sector financiero, además de permitir el acceso a su sistema para la iniciación de los pagos.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. Foto: Efe.

El cambio conlleva que firmas intermediarias, especialmente tecnológicas, tendrán acceso a las cuentas de los usuarios de las entidades y podrán iniciar el cobro de sus servicios previa autorización. Hasta ahora estas compañías, conocidas como TPP, tenían complicado entrar en el mercado de los pagos al existir barreras que impedían ofrecer soluciones a gran escala. En concreto, a partir de ahora el consumidor podrá autorizar a cualquier comercio para que ejecute pagos en su nombre a través de una cuenta bancaria, frente a lo que venía sucediendo hasta la fecha, que tenía que recurrir a un intermediario que se ponía en contacto con la firma de la tarjeta de crédito, que a su vez cargaba el cobro en la libreta vinculada del cliente.

El objetivo que se persigue es que entren nuevos jugadores en este segmento de actividad para que se reduzcan los precios y se incentiven los pagos con tarjeta o por sistemas electrónicos, en vez de en efectivo. Con el cambio se facilitará así que las grandes compañías de tecnología, los Amazon, Google o Apple, compitan con la banca en este segmento de actividad.

Meses de adaptación
Para la adaptación de la normativa por cuestiones de garantía y seguridad, se da un periodo de transición para su implementación completa, que se extiende hasta septiembre del próximo ejercicio.

Las entidades llevan meses criticando la directiva, ya que no podrán acceder a datos de clientes de otras compañías por lo que, a juicio, no existe un equilibrio. Además, han puesto de manifiesto la fuga de información de clientes que han padecido en los últimos tiempos algunos gigantes de Internet, como Facebook, lo que pone en peligro la seguridad de la confidencialidad en los datos que tengan que proporcionar a terceros.

Con la nueva normativa los bancos tendrán que dar perfiles colectivos que no individuales (DNI o los productos que tiene contratado cada uno) de sus usuarios para que otras empresas, como las grandes tecnológicas o las fintech, puedan ofrecer servicios financieros.

Polémica por la ley de las fintech

El real decreto aprobado por el Gobierno también fomenta la creación de agregadores de cuentas, es decir, aquellos que agrupan toda la información bancaria (de distintas entidades) de un mismo consumidor y la clasifican por categorías. Los bancos y algunas fintech ya habían comenzado a ofrecer este tipo de servicios y no descartan incluso ofrecer productos de la competencia para ampliar sus fuentes de negocio.

El anteproyecto de ley del anterior Ejecutivo incluía en mayo la obligación a todos los comercios de contar con un sistema de pago electrónico (TPV) para que cualquier usuario pudiera poder pagar con tarjeta o con el móvil a partir de una cuantía de 20 euros en una compra.

La normativa española, como la directiva, reduce asimismo la responsabilidad de los consumidores por las pérdidas derivadas de un robo de la tarjeta de 150 a 50 euros. Al tiempo, disminuye el plazo de resolución de reclamación por estos sucesos a 15 días.

La CNMV además tendrá que implantar un canal de denuncias anónimas

El Consejo de Ministros, por otra parte, dio luz verde a otros reglamentos comunitarios que debían haberse transpuesto hace tiempo. Así, adecua la normativa de abuso de mercado para atribuir a la CNMV las competencias de supervisión, inspección y sanciones aplicables. El organismo de los mercados tendrá capacidad también para investigar y multar por incumplimientos del reglamento de sobre índices de referencia y documentos sobre productos de inversión empaquetados.

Con la adaptación a la normativa comunitaria, la CNMV además tendrá que implantar un canal de denuncias anónimas para proteger a los inversores minoristas.

El real decreto incluye, por último, la transposición completa de la directiva sobre requisitos de capital de las entidades para incluir la obligación de que el Banco de España ponga en marcha un sistema de denuncias sobre incumplimientos de solvencia.