• Los departamentos jurídicos del sector estudian la legalidad de estas prácticas; ”malas formas”, las llama un directivo

 Juan José González. ICNR 24/02/2017
El trabajo de campo llevado a cabo por los 179 comandos de la CNMV en el despliegue operativo por 450 oficinas bancarias, parece haber sido una operación bélica de éxito. Al menos, es la sensación que se respiraba en los ambientes del cuartel general del supervisor de los mercados financieros.

La acción inspectora, se diría que a modo de «guerrilla urbana», cuenta con adeptos y críticos. Sobre el papel, no deja de ser una idea que se pone en práctica con el sano objetivo de identificar actitudes y un sin fin de actuaciones comerciales bancarias -en suelo bancario- que según parece fueron el origen de numerosos problemas y que, a pesar de rechazos y condenas judiciales, continúan formando parte de la habitual praxis de venta y relación con la clientela. Es probable que el método admita alguna crítica, si bien, por la misma razón de que «no son formas» -señalan en varias entidades- tampoco se pueden considerar `formas´ la venta de aquellos 12.000 millones de euros en participaciones preferentes que marcó una época allá por 2009 entre las entidades más agresivas, con bonus para los vendedores, ruina para la clientela y pérdidas para los promotores de la ocurrencia.
Disfrazados de falsos clientes, los `comandos´ operativos (ex empleados de banca y jóvenes universitarios con formación, pertenecientes a una sociedad externa a la CNMV) han descubierto que gran parte del sector bancario ya aplica buena parte de las normas o indicaciones elaboradas por la CNMV a modo de una «escala de riesgo» para los productos financieros. Normas que hizo suyas el ministerio de Economía a mediados de 2015. Normas que a lo largo de estos años, hasta diciembre pasado, han sufrido cuantiosos y cualitativos retoques hasta su puesta final en práctica desde enero de éste año.

Algunas de las modificaciones afectan a la visibilidad de los indicadores, inicialmente un arco iris o semáforo similar a la gama que acompaña a cualquier electrodoméstico. Otras, gradúan y matizan la intensidad del riesgo en productos como los planes de pensiones y fondos de inversión. Al final, desaparecen los colores -por falta generalizada en las oficinas de fotocopiadoras en color- que se convierten en una escala de equivalencias fraccionadas de seis niveles según plazos de recuperación de la inversión. En todo caso, la norma parece que se aplica desde diciembre pasado a «los productos financieros cuya rentabilidad va asociada a un activo», precisa un portavoz bancario. En la práctica, los productos bancarios no llevarán en su información distinción cromática alguna en función de sus riesgos, sino únicamente fracciones desde la 1/6 hasta la 6/6 y que cada uno se entienda como pueda con el banco.

Aunque en ocasiones la venta de un producto propio, de la casa, del banco elegido en confianza por el cliente, voluntariamente, para mantener depósitos, ahorros, hipoteca, sueldo y demás, no puede ser ajeno ni escapar al interés comercial de la propia entidad. Por tanto, exigir la imparcialidad y la objetividad en la venta de algún producto financiero sería como reclamar la misma imparcialidad y objetividad en la adquisición de, por ejemplo, un automóvil: si uno entra en un concesionario de Seat, lo más razonable es que el vendedor le quiera vender un Seat. Si un cliente entra en una sucursal de BBVA parece razonable que le quieran vender uno de sus productos. En uno y otro caso, la venta debe ser clara, transparente y honesta, explicando riesgos y ventajas, costes y, en general, toda la información necesaria para que el cliente pueda tomar una decisión razonada.

Los resultados de las `pesquisas´ deben ser sometidos ahora a estudio exhaustivo para sacar conclusiones de mejora que, seguramente, ayudarán al sector a comercializar mejor sus productos. Al menos, para evitar males mayores como los conocidos de las preferentes, comisiones abusivas, cláusulas suelo y otros muchos, pesadillas para muchos bancos, origen de agujeros y pérdidas considerables. Las entidades deberán sacar sus propias conclusiones.

Varios departamentos jurídicos del sector estudian la legalidad de estas prácticas (`malas formas´, insiste un alto directivo bancario) ante el riesgo de que se consoliden en el futuro como praxis y norma de la actividad supervisora, porque «a fuerza de insistir los usos se afianzan y se conviertan en rutinas», añade el directivo. Los defensores de la clientela, las asociaciones de consumidores, no creen que sean prácticas contrarias a derecho ni tampoco `malas formas´, son ejercicios (en el caso de España, una experiencia) que cuentan con un histórico de prácticas en la Unión Europea. Reino Unido fue el primero en practicar las «visitas secretas», Francia y Bélgica se sumaron a la `disciplina´ poco después y, en breve, la mayoría de los supervisores locales de la Unión contarán con su `mystery shopping´ para descubrir defectos, corregir malas prácticas y evitar que lleguen al público inadecuado participaciones preferentes o similares.